Con pañuelos, con carteles –“Que digan dónde están”, “Aparición con vida de Julio López”–, familiares, sobrevivientes y referentes de organismos de derechos humanos presenciaron el veredicto en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Comisaría 5ta de La Plata, que llevó adelante el Tribunal Oral Federal N° 1 de la capital bonaerense.

La lectura estuvo a cargo de la presidenta del tribunal, Karina Yabor. El numerario de la policía bonaerense que prestó servicios en la Comisaría 5ta., Pedro Raúl Muñoz, fue condenado a 15 años de prisión, como partícipe secundario de secuestro, asesinatos, torturas, abuso sexual, deshonesto, sustracción, retención y ocultación de niños, contra decenas de víctimas. Mientras tanto, el otro imputado, el ex teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day, recibió perpetua.

Abuelas, junto con el nieto restituido Leonardo Fossati Ortega, querelló contra Muñoz, de allí la “sensación ambigua”, como la definió el propio Leo, tras la sentencia, por la pena de 15 años y no de perpetua, como habíamos solicitado. No obstante, a la espera de los fundamentos del fallo, que se conocerán el próximo 15 de octubre, manifestó: “Casos como los que se juzgaron en este juicio, que habían quedado por fuera de las megacausa Circuito Camps, vienen a cerrar ese proceso de reparación judicial y a ser el cimiento del proceso de memoria para las nuevas generaciones”.

Cabe señalar que Muñoz estuvo acusado por 110 casos, entre ellos: cuatro nietos restituidos (Sabino Abdala, María Eugenia Gatica Caracoche, Ana Libertad Baratti de la Cuadra y Leo Fossati); una niña asesinada (Mónica Santucho); los desaparecidos Inés Ortega y Rubén Fossati (madre y padre de Leo) y Elena de la Cuadra (madre de Ana Libertad), y las embarazadas desaparecidas Silvia Amanda González de Mora, María Adelia Garín de De Angelis, Mirta Graciela Manchiola, Silvia Muñoz y Diana Wlichky, a cuyos hijos e hijas aún buscamos.

El testimonio de Adriana Calvo, el de Jorge Julio López, las historias de madres despojadas de sus bebés en medio de la tortura, las de algunos que fueron restituidos años después, como Leonardo Fossati, Sabino Abdala, María Eugenia Gatica Caracoche, Ana Libertad Baratti de la Cuadra, detalles, datos, secuestros y búsquedas reconstruidos como rompecabezas con las memorias de sobrevivientes, familiares, documentación, esqueletos exhumados y ADN, todas estas piezas fueron incorporadas al contundente alegato que presentó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, unos días antes del veredicto.

Víctimas asesinadas, enterradas como NN en fosas comunes de los cementerios. Trabajadores, militantes, estudiantes, profesionales, familias enteras destruidas, exilio, vidas truncadas. Los últimos “vistos” de varios de ellos en las salas de tortura del terrorismo de Estado. Los últimos contactos de parejas, hermanos, padres, madres e hijos con sus desaparecidos. La abogada de nuestra Asociación, Colleen Torre, fue desplegando una a una las partículas de información extraídas de las decenas de declaraciones que tuvieron lugar en el juicio, desde su inicio, hace dos años.

Complicidades civiles, documentos públicos falsificados, fechas y circunstancias de nacimiento inventadas, una red de mentiras y ocultamientos destinada a mantener la impunidad por delitos gravísimos –secuestros, asesinatos, tormentos, apropiación de niños, sustracción de identidad, desapariciones–, la prueba acumulada fue enorme. Dos imputados fallecieron antes del juicio, Cecilio Reinaldo Gómez y Néstor Ramón Buzzato, mientras que el médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés murió durante el proceso.

“Muñoz conocía las circunstancias de la detención ilegal de los secuestrados en la Comisaría 5ta, de las mujeres embarazadas, de los partos que se produjeron, del secuestro y el paso de los niños y niñas que fueron llevados allí, también de su retención, sustracción y ocultamiento, de que fueron arrancados de los brazos de sus madres, y de la no entrega de esos niños y niñas a sus familias biológicas –subrayó Torre–. Y el imputado no dio noticia en ese momento ni al día de hoy sobre lo acontecido, ni de los nacimientos ni de la posterior sustracción. Esa falta de información sobre el paradero de estos niños y niñas fue un aporte fundamental para consumar y mantener la desaparición forzada”.

“Consideramos que Muñoz es coautor funcional de todos los hechos que le son imputados, tanto de las privaciones ilegales de la libertad, como de las torturas, de las desapariciones forzadas y de las apropiaciones de niñas y niños ocurridas en la Comisaría 5ta. Teniendo en cuenta los delitos que se le endilgan, la forma de la comisión, la falta de arrepentimiento, el silencio continuo, no encontramos ningún atenuante. Escuchamos a lo largo de las audiencias los testimonios del daño causado por estos delitos, tanto en sus víctimas como en sus familiares”.

“Solicitamos al tribunal que en el momento de la sentencia mencione y declare que las condiciones de detención, de tortura física y psicológica, ejercidas contra las mujeres embarazadas fue una forma de violencia diferenciada y específica en razón de su género, y por ser mujeres que estaban gestando al momento de su secuestro. En el caso de las militantes, además, eran mujeres que habían subvertido el rol que la sociedad les había impuesto, para entrar en la arena política. El 30 por ciento de las víctimas de la dictadura fueron mujeres. En este juicio escuchamos las torturas, los abusos sexuales, las vigilancias sobre los cuerpos de las embarazadas”.

“Si bien es innegable que Argentina ha sido un ejemplo a nivel mundial por su proceso de justicia, también es cierto que continuamos sin saber dónde están los restos de miles de personas desaparecidas, todavía buscamos a 300 bebés nacidos en cautiverio, y todavía estamos identificando víctimas que no conocíamos su nombre o no habían sido identificadas o no declarado en procesos judiciales, a 50 años del comienzo de la última dictadura cívico militar”, puntualizó Torre, y se refirió a Norma Raquel Raggio y Marta Ferreyra, las dos mujeres embarazadas identificadas en el juicio, a quienes pidió que el tribunal las mencione en una “declaración de verdad” en la sentencia, al igual que la responsabilidad del fallecido Bergés en las apropiaciones de niños en Comisaría 5ta.

Luego de su exposición, Torre solicitó “que se condene a Muñoz a prisión perpetua e inhabilitación absoluta”, por encontrarlo penalmente responsable como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio, todos agravados, abuso deshonesto, desaparición forzada, retención y ocultamiento de niños, en el marco de un genocidio.

Finalmente, fueron 15 años, una pena menor para cualquiera que haya escuchado la larga lista de delitos perpetrados por Muñoz, sin embargo, el tribunal refrendó su carácter de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, cometidos en el marco de un genocidio, y que las mujeres fueron víctimas de diversas formas de violencia de género, particularmente obstétrica y contra niñas, niños y adolescentes. Nuestro querido Leo Fossati, nacido durante el cautiverio de su madre en la Comisaría 5ta. y principal impulsor de que ese lugar siniestro sea hoy un espacio de memoria, concluyó: “Las mujeres sufrían doblemente, y que la justicia haya dado cuenta de eso, que sea juzgado, que sea nombrado, es una victoria”.